Fiscalía investiga presuntas firmas retroactivas para favorecer a Progen

Nuevos elementos incorporados al caso Apagón ponen bajo la lupa la gestión de contratos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa Progen Industries LLC.

Según la Fiscalía, chats de WhatsApp y documentos del expediente evidenciarían que funcionarios de Celec habrían pactado prórrogas contractuales y firmas retroactivas, en medio de los retrasos registrados en la entrega e instalación de equipos destinados a las centrales de Salitral y Quevedo.

La investigación sostiene que estas maniobras habrían permitido mantener vigentes los contratos, evitar la aplicación de multas y justificar desembolsos que terminaron representando un presunto perjuicio para el Estado de $104,4 millones.

Los chats que complican a funcionarios

Durante una audiencia de vinculación, el fiscal Carlos Leonardo Alarcón presentó una pericia informática sobre conversaciones entre José Luis Sampietro, entonces administrador del contrato de la central de Quevedo, y Gabriela Toazo, técnica de la institución.

En uno de los intercambios, registrado el 7 de octubre de 2024, se discutía cómo ajustar documentos relacionados con una prórroga para responder a observaciones de la Contraloría.

Días después, ante la falta de sustento técnico para algunas justificaciones, surgieron conversaciones sobre cómo formalizar la documentación.

El 9 de octubre, Sampietro habría escrito una frase que ahora forma parte de la investigación: “Lo pongo en formato y lo firmo hacia atrás”.

La Fiscalía sostiene que estas acciones buscaban generar respaldo documental para decisiones que ya habían sido acordadas y así evitar posibles sanciones.

$104,4 millones en el centro del caso

El expediente señala que las alertas sobre el avance de Progen ya estaban presentes desde septiembre de 2024. Un memorando interno de Celec habría advertido que la empresa todavía no contaba con un cronograma de trabajo aprobado.

Pese a estas advertencias, las autoridades de Celec habrían continuado aprobando modificaciones de plazos y prórrogas.

El caso también está relacionado con los pagos realizados a Progen por los contratos de Quevedo y Salitral, donde posteriormente se detectaron cuestionamientos sobre los equipos y las condiciones de su entrega. En total, Celec desembolsó $104 millones a la empresa, correspondientes al 70% de los contratos, según investigaciones previas.

La Fiscalía investiga a funcionarios y otras personas vinculadas al proceso por el presunto delito de peculado. Tras la reciente vinculación de nuevos procesados, el número total de personas investigadas en el caso Apagón ascendió a 31.

La investigación deberá determinar quiénes participaron en las presuntas irregularidades, qué decisiones se tomaron y si existió una estructura destinada a favorecer los pagos a Progen pese a los retrasos y problemas detectados.