Contraloría alertó inconsistencias del Censo 2022 meses antes que la consultoría de la ONU
Los cuestionamientos sobre la calidad de los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 no comenzaron con la reciente evaluación internacional. Un informe de la Contraloría General del...
Los cuestionamientos sobre la calidad de los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 no comenzaron con la reciente evaluación internacional. Un informe de la Contraloría General del Estado ya había identificado problemas en los sistemas informáticos y en las bases de datos utilizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
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El examen especial, aprobado el 28 de febrero de 2025, analizó los sistemas e infraestructura tecnológica utilizados durante el censo y concluyó que se registraron datos incompletos e inexactos que afectaron la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información.
Entre los hallazgos, la Contraloría identificó 80.439 inconsistencias en la base de datos integrada.
¿Qué encontró la Contraloría?
La auditoría detectó 5.739 personas empadronadas que no aparecían en la base integrada, pese a contar con números de cédula válidos.
También se encontraron 71.412 registros de personas repetidas en diferentes viviendas, mientras que otros 3.239 registros de personas fallecidas aparecían repetidos en distintos domicilios.
Las observaciones también alcanzaron los sistemas utilizados para levantar la información. Por ejemplo, 98.067 viviendas y 166.082 personas correspondían a cuestionarios del Censo en Línea que no habían sido finalizados por los usuarios, pero que igualmente ingresaron a la base integrada.
Además, se detectaron 2.218 casos con coordenadas geográficas ubicadas fuera del territorio ecuatoriano.
Cuestionamientos a la imputación de datos
Otro de los puntos señalados por la Contraloría fue el proceso de validación e imputación, utilizado para completar o corregir información faltante.
Según el informe, la población inicialmente censada aumentó en 759.103 personas, asociadas a 240.528 viviendas catalogadas como ocupadas con personas ausentes.
La auditoría también encontró que se modificó, sin sustento técnico, la etnia de 31.369 menores de 15 años y que en 249.915 registros se actualizaron datos pese a que no cumplían las reglas de validación e imputación.
La alerta de Naciones Unidas
Estos hallazgos adquieren mayor relevancia luego de que una consultoría contratada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) detectara posibles distorsiones en los resultados finales del Censo 2022.
El estudio señaló, entre otros aspectos, que cerca del 10 % de la información censal fue sometida a procesos de imputación, un nivel considerado elevado desde el punto de vista metodológico.
Así, las observaciones de la Contraloría muestran que ya existían alertas oficiales sobre la calidad y consistencia de los datos antes de que se conocieran públicamente los cuestionamientos de la consultoría internacional.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio al INEC y al proceso mediante el cual se construyeron las cifras oficiales de población, información fundamental para la planificación de políticas públicas, distribución de recursos y elaboración de estadísticas nacionales.
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