Militares podrán apoyar a la Policía en seguridad interna bajo nuevas reglas

Quito, Ecuador. La entrada en vigencia de la Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional genera expectativas entre autoridades y sectores vinculados a la seguridad, debido al nuevo marco que establece para la participación militar en tareas de seguridad interna.

La normativa fue aprobada por la Asamblea Nacional el 25 de agosto de 2026 y publicada en el Registro Oficial el 1 de septiembre, con lo que comenzaron a aplicarse las nuevas disposiciones.

El objetivo es establecer bajo qué circunstancias las Fuerzas Armadas podrán apoyar a la Policía Nacional para enfrentar delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión, intimidación y delincuencia organizada.

La intervención militar tendrá carácter excepcional, complementario y subsidiario. Es decir, las Fuerzas Armadas no reemplazarán a la Policía ni asumirán sus competencias constitucionales. La cadena de mando y las funciones propias de cada institución deberán mantenerse.

Uno de los cambios que genera mayor expectativa es que este mecanismo permitirá solicitar el apoyo militar sin que necesariamente exista un estado de excepción, siempre que se cumplan los procedimientos y condiciones establecidos por la ley.

La normativa también contempla la posibilidad de intervención ante situaciones de grave conmoción interna en uno o varios centros de privación de libertad, un escenario que ha cobrado especial relevancia debido a la crisis penitenciaria y la presencia de organizaciones criminales en las cárceles.

La participación de los militares estará sujeta a principios de excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, además del respeto a los derechos humanos y a los controles constitucionales correspondientes.

La regulación busca brindar mayor claridad jurídica a los uniformados y, al mismo tiempo, establecer límites para evitar abusos durante las operaciones de seguridad.

Con esta nueva herramienta legal, el Gobierno y las instituciones de seguridad esperan fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado, mientras persiste el debate sobre el alcance de la participación militar en la seguridad interna del país.