John Reimberg cuestiona liberación de presunto implicado en atentados con explosivos en El Oro

EL ORO.- Una decisión judicial que permitió la liberación de un hombre señalado como presunto implicado en atentados con explosivos en la provincia de El Oro generó fuertes cuestionamientos del ministro del Interior, John Reimberg.
Durante una entrevista en Radio Centro, el funcionario manifestó su inconformidad luego de conocer que el sospechoso, quien había sido detenido por la Policía Nacional y trasladado al centro penitenciario El Encuentro, en Santa Elena, recuperó su libertad.
Según explicó Reimberg, el caso estaría relacionado con dos ataques con explosivos registrados en El Oro, hechos que las autoridades vincularon con actividades de extorsión.
El ministro sostuvo que, tras las investigaciones policiales, se logró identificar y capturar a uno de los presuntos responsables. Además, indicó que el detenido había recibido prisión preventiva, por lo que cuestionó las razones de su posterior liberación.
Reimberg atribuyó la decisión al juez Ramiro Loaiza Ortega, quien resolvió el sobreseimiento del procesado.
“Otra vez este juez dejó libre a otro delincuente de gran magnitud”, manifestó el ministro durante la entrevista, al expresar su desacuerdo con la resolución judicial.
Ante esta situación, anunció que presentará una nueva denuncia contra el magistrado, argumentando que este tipo de decisiones afectan los resultados de las operaciones ejecutadas por las fuerzas de seguridad contra las estructuras criminales.
El funcionario también señaló que las acciones contra las organizaciones delictivas continuarán en diferentes puntos del país, especialmente contra grupos involucrados en extorsión, minería ilegal y tráfico de combustibles.
Durante la entrevista, Reimberg afirmó que los operativos contra la extorsión han permitido evitar pagos por aproximadamente $51 millones a estructuras criminales, y destacó la colaboración ciudadana como un elemento importante para las investigaciones.
El caso vuelve a poner en discusión la relación entre las decisiones judiciales y las operaciones de seguridad en Ecuador, en medio de los esfuerzos gubernamentales para combatir el crimen organizado.