Asamblea aprueba la Ley Antimafias con 85 votos y endurece las penas contra el crimen organizado

La Asamblea Nacional aprobó este lunes 9 de noviembre, con 85 votos a favor y 61 en contra, la denominada Ley Antimafias, una reforma legal que busca fortalecer las herramientas del Estado para combatir al crimen organizado, sus estructuras operativas y las economías ilícitas que sostienen sus actividades.
El proyecto, denominado oficialmente Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, contempla reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otras normas relacionadas con la investigación penal, la extinción de dominio y la administración de bienes vinculados a actividades ilícitas.
Entre sus principales disposiciones se encuentra la incorporación de nuevas figuras delictivas para sancionar no solo a quienes ejecutan directamente los crímenes, sino también a quienes cumplen funciones de vigilancia, logística, reclutamiento, financiamiento o colaboración con las organizaciones delictivas.
La normativa establece penas de hasta 34 años para determinados responsables de organizaciones criminales, dependiendo de su participación y de la gravedad de los delitos que busquen cometer.
Otro de los cambios relevantes es la posibilidad de acumular condenas de hasta 60 años de prisión, cuando una persona sea sentenciada por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes y la suma de las penas supere el límite general de 40 años.
La reforma también incorpora sanciones por desplazamiento interno forzado y confinamiento forzado, conductas relacionadas con la violencia que ejercen las estructuras criminales sobre habitantes y comunidades.
En el ámbito económico, la ley plantea fortalecer los mecanismos para identificar, incautar y administrar bienes de origen ilícito. Además, contempla la posibilidad de vender anticipadamente determinados bienes incautados, bajo autorización judicial, y permitir su utilización temporal para fines sociales y comunitarios.
También se establecen medidas para combatir el tráfico ilegal de combustibles, sancionar el reclutamiento de personas adultas y establecer responsabilidades para profesionales que utilicen deliberadamente sus conocimientos para facilitar u ocultar actividades criminales.
Tras su aprobación en el Pleno, el proyecto será remitido al presidente de la República para el trámite constitucional correspondiente. La normativa deberá cumplir con las etapas legales antes de entrar en vigencia.
Con esta decisión legislativa, Ecuador incorpora nuevas herramientas penales y patrimoniales para enfrentar a las organizaciones delictivas y sus redes de apoyo.