Judicatura reorganiza jueces anticorrupción y la ONU advierte sobre posibles riesgos

La decisión del Consejo de la Judicatura de eliminar la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado generó una reacción internacional.

Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, cuestionó este 8 de septiembre de 2026 la supresión de esta unidad, que llevaba aproximadamente cuatro años en funcionamiento.

“Recibo con preocupación la noticia”, señaló Satterthwaite al referirse a la eliminación de la unidad, que ya operaba al 50 % de su capacidad luego de la suspensión de tres jueces vinculados al denominado caso Goleada.

La relatora recordó que los Estados tienen la obligación de garantizar los recursos y la capacidad necesarios para que los tribunales puedan administrar justicia de manera efectiva.

Además, advirtió que cualquier medida que reduzca aún más la capacidad del sistema judicial debe ser sometida a un escrutinio especial, particularmente cuando se trata de jueces que conocen procesos relacionados con corrupción y crimen organizado.

Satterthwaite también sostuvo que cualquier suspensión, sanción disciplinaria o reestructuración institucional que afecte a jueces debe respetar la independencia judicial, el debido proceso y las garantías frente a posibles injerencias arbitrarias.

¿Qué respondió la Judicatura?

El Consejo de la Judicatura defendió la decisión y aseguró que no se elimina la justicia especializada ni se reducen sus competencias.

Según el vocal Damián Larco, las causas que estaban bajo responsabilidad de la unidad serán trasladadas a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y a una unidad judicial ubicada en el norte de Quito.

La Judicatura sostiene que la reorganización permitirá ampliar de 19 a 54 el número de jueces disponibles, mantener el alcance nacional de estos procesos y reducir posibles retrasos en las investigaciones y juicios relacionados con corrupción y crimen organizado.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, también descartó que la medida debilite la lucha contra estos delitos y defendió la reestructuración como una estrategia para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema judicial.

El debate ocurre mientras Ecuador enfrenta una fuerte presión sobre su sistema de justicia y la seguridad de los funcionarios judiciales que conocen casos relacionados con organizaciones criminales.

La eliminación de la unidad, por tanto, abre una nueva discusión sobre la forma en que el país debe garantizar jueces especializados, independencia judicial y capacidad suficiente para enfrentar procesos de alta complejidad relacionados con corrupción y crimen organizado.