Judicatura destituye a jueza que liberó a detenidos tras ataque a la caravana presidencial en Cañar

El Consejo de la Judicatura resolvió destituir a la jueza Erika Álvarez, de la Unidad Judicial Multicompetente de El Tambo, en la provincia de Cañar, al determinar que incurrió en manifiesta negligencia al declarar ilegal la aprehensión de cinco personas detenidas tras el ataque a la caravana presidencial ocurrido en octubre de 2025.

La decisión fue adoptada este martes 4 de agosto de 2026, diez meses después del incidente registrado en la vía E35, donde vehículos que integraban la caravana del presidente Daniel Noboa fueron atacados con piedras y otros objetos durante una protesta.

Tras ese hecho, la Policía Nacional detuvo a cinco personas y la Fiscalía General del Estado solicitó la legalización de las aprehensiones y la formulación de cargos por los presuntos delitos de ataque o resistencia y daño a bien ajeno. Inicialmente, el Gobierno calificó el caso como un posible atentado contra el mandatario, aunque esas figuras no fueron incluidas posteriormente en la acusación fiscal.

Según la resolución de la Judicatura, la actuación de la jueza al declarar ilegal la detención de los cinco procesados constituyó una falta grave por manifiesta negligencia, motivo por el cual se dispuso su destitución de la Función Judicial.

Los informes policiales incorporados al expediente señalaron que siete vehículos de la caravana presidencial resultaron afectados por el lanzamiento de piedras y otros objetos, registrándose daños en parabrisas, ventanas y estructuras metálicas.

Con esta resolución, el Consejo de la Judicatura concluye el proceso disciplinario contra la magistrada, mientras el caso relacionado con el ataque a la caravana presidencial continúa su curso en el ámbito penal.