Judicatura declara en emergencia al sistema judicial por amenazas contra jueces y fiscales
El Consejo de la Judicatura resolvió declarar en emergencia al sistema de justicia del país como respuesta al incremento de amenazas que enfrentan jueces, fiscales y demás servidores judiciales...
El Consejo de la Judicatura resolvió declarar en emergencia al sistema de justicia del país como respuesta al incremento de amenazas que enfrentan jueces, fiscales y demás servidores judiciales encargados de conocer procesos relacionados con el crimen organizado y otros delitos de alto impacto.
La decisión busca implementar medidas inmediatas para fortalecer la seguridad en las dependencias judiciales y brindar mayores garantías a los operadores de justicia, quienes en los últimos meses han denunciado un aumento de riesgos durante el ejercicio de sus funciones.
Entre las acciones contempladas se encuentran la agilización de procesos administrativos para la adquisición de equipos de seguridad, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y la coordinación con otras instituciones del Estado para reforzar la protección de jueces, fiscales y personal judicial.
La Judicatura señaló que la declaratoria responde a la necesidad de garantizar el normal funcionamiento del sistema de justicia en un contexto marcado por el avance de las estructuras criminales y la complejidad de los procesos que actualmente se tramitan en el país.
Asimismo, la institución indicó que la medida permitirá acelerar la contratación de bienes y servicios indispensables para mejorar las condiciones de trabajo de los operadores judiciales y reforzar los protocolos de seguridad en las unidades judiciales a escala nacional.
La declaratoria de emergencia se produce en un escenario en el que el Estado mantiene una ofensiva contra el crimen organizado y en el que varios funcionarios del sistema de justicia han sido objeto de amenazas, atentados e intimidaciones debido a las causas que conocen.
Las autoridades reiteraron que el objetivo principal de esta decisión es garantizar que jueces y fiscales puedan ejercer sus funciones con independencia, seguridad y las condiciones necesarias para fortalecer el acceso a la justicia en el Ecuador.
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