Judicatura activa plan de contingencia tras suspensión de jueces anticorrupción

La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado quedó operando al 50 % de su capacidad, luego de que el Consejo de la Judicatura suspendiera por 90 días a tres de sus magistrados e implementara un plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio judicial.

La medida disciplinaria recae sobre los jueces Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez, quienes fueron suspendidos tras revocar la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y de sus dos hermanos dentro del denominado caso Goleada. El proceso disciplinario se originó por un presunto error inexcusable, considerado una falta gravísima en el Código Orgánico de la Función Judicial.

Con estas suspensiones, la Sala Anticorrupción quedó integrada únicamente por Esteban Coronel, Mabel del Pilar Tapia y Lauro Sánchez, quienes deberán atender las causas pendientes mientras avanza la investigación administrativa contra sus colegas. Hasta julio, la dependencia registraba 143 procesos, de los cuales 77 estaban bajo la responsabilidad de los jueces suspendidos.

Para evitar retrasos, el vocal del Consejo de la Judicatura, Fabián Fabara, informó que los casos que requieran la conformación de un tribunal serán sorteados entre jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha. La institución aseguró que la redistribución de expedientes busca garantizar un despacho oportuno y que no se afecte el acceso a la justicia.

Por su parte, el juez Byron Uzcátegui cuestionó la decisión y sostuvo que la suspensión redujo significativamente la capacidad operativa de la Sala, además de señalar que el proceso disciplinario respondería a presuntas presiones. En tanto, especialistas en derecho han advertido que la solución no debe limitarse al reemplazo temporal de magistrados, sino que debe ir acompañada de un fortalecimiento institucional del sistema judicial.