Inés Alarcón asegura que cámaras de la presunta “sala espejo” fueron utilizadas para espiar objetivos políticos
La investigación legislativa sobre el presunto funcionamiento de una “sala espejo” vinculada a Segura EP continúa avanzando en la Asamblea Nacional. La presidenta de la Comisión de...
La investigación legislativa sobre el presunto funcionamiento de una “sala espejo” vinculada a Segura EP continúa avanzando en la Asamblea Nacional. La presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, aseguró que la información recopilada durante el proceso de fiscalización apunta a que este sistema habría sido utilizado para espiar objetivos políticos, en lugar de cumplir funciones de seguridad ciudadana.
Según explicó la legisladora, durante las comparecencias de autoridades, expertos y representantes de instituciones se conoció que esta estructura paralela habría operado sin las autorizaciones correspondientes y fuera de los controles oficiales. También señaló que existían presuntos accesos irregulares a las cámaras de videovigilancia y a información considerada sensible.
Alarcón indicó que la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación previa por asociación ilícita, aunque advirtió que el caso podría ampliarse a otros presuntos delitos, entre ellos acceso no consentido a sistemas informáticos, tráfico de influencias, delincuencia organizada, revelación ilegal de datos y peculado, dependiendo del avance de las investigaciones.
La asambleísta señaló que el informe final de la Comisión de Seguridad estaría listo a finales de este mes y será remitido al Pleno de la Asamblea con las conclusiones y recomendaciones correspondientes. Además, sostuvo que la fiscalización busca establecer responsabilidades sobre el presunto uso indebido de los sistemas de videovigilancia administrados por entidades públicas.
Mientras tanto, el caso continúa generando debate político. Desde sectores de la oposición se ha cuestionado el proceso de fiscalización y se ha rechazado las acusaciones, mientras la comisión insiste en que su objetivo es esclarecer los hechos y determinar si existieron irregularidades en el manejo de los sistemas de seguridad.
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