Human Rights Watch exige protección urgente para jueces y fiscales en Ecuador

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) se pronunció sobre el asesinato de la fiscal Alexandra Bravo en Manta, ocurrido el 14 de junio de 2026, y advirtió que el caso refleja una preocupante escalada de violencia contra operadores de justicia en Ecuador.

Según el organismo, Bravo es la tercera fiscal asesinada en esa ciudad desde 2022, lo que evidencia un patrón de ataques dirigidos contra funcionarios vinculados a investigaciones de crimen organizado en una de las zonas más violentas del país.

HRW señaló que la funcionaria fue atacada a tiros por un sicario cuando se encontraba en la vía pública, en un hecho que también dejó otra víctima mortal, presuntamente su hermana, lo que ha generado conmoción nacional e internacional.

La organización subrayó que la fiscal trabajaba en casos relacionados con homicidios, secuestros, narcotráfico y crimen organizado, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque podría estar vinculado a represalias por su labor investigativa.

En su pronunciamiento, HRW pidió a las autoridades ecuatorianas realizar una investigación “rápida, independiente y exhaustiva” para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.

Además, el organismo advirtió que los fiscales y jueces en Ecuador enfrentan condiciones de alto riesgo, muchas veces sin protección adecuada, recursos técnicos ni seguridad suficiente para desarrollar sus funciones frente a estructuras delictivas cada vez más violentas.

HRW también instó al Estado a implementar un sistema integral de evaluación de riesgos y a fortalecer la protección de los funcionarios judiciales, en medio de una ola de violencia que ha convertido a Ecuador en uno de los países más afectados por el crimen organizado en la región.

El pronunciamiento se suma a otras alertas internacionales sobre la crisis de seguridad que enfrenta el sistema judicial ecuatoriano, donde se han registrado múltiples asesinatos de jueces, fiscales y otros servidores públicos en los últimos años.