Gobierno colombiano busca frenar la extorsión carcelaria con prisiones marítimas

Colombia analiza una medida poco convencional para combatir el poder de las organizaciones criminales desde las cárceles: utilizar buques de la Armada como prisiones de alta seguridad.

La iniciativa busca aislar a los principales cabecillas del crimen organizado y evitar que continúen dando órdenes, coordinando extorsiones o manteniendo vínculos con sus estructuras mientras permanecen privados de libertad.

Una estrategia para cortar las comunicaciones

La propuesta es impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El objetivo es que los internos considerados de mayor peligrosidad permanezcan completamente aislados de sus organizaciones, tanto en materia de comunicaciones como de contactos externos.

La estrategia recibiría el nombre de Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (Remas) y combinaría las capacidades del Inpec con las de la Armada colombiana.

Colombia ya utilizó esta fórmula

La propuesta no sería completamente nueva para el país.

Hace casi dos décadas, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, dos reconocidos exjefes paramilitares, Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, y Diego Fernando Montoya, alias “Don Diego”, fueron trasladados a embarcaciones de la Armada con el propósito de cortar sus comunicaciones y sus vínculos con las estructuras criminales que dirigían.

Ahora, las autoridades buscan recuperar ese concepto y adaptarlo a la actual lucha contra el crimen organizado.

Todavía no hay una lista de reclusos

Aunque la estrategia avanza, todavía no se han definido los nombres de los presos que serían trasladados a estas instalaciones marítimas.

La medida no estaría dirigida únicamente contra personas relacionadas con delitos de extorsión. También podría aplicarse a otros delincuentes de alto perfil que continúen ejerciendo control sobre organizaciones criminales desde las cárceles.

Podría enfrentar recursos legales

La iniciativa también podría generar una batalla jurídica.

Los abogados de los internos podrían cuestionar los traslados argumentando posibles afectaciones a derechos relacionados con el arraigo familiar, las visitas y los procesos de resocialización.

Sin embargo, fuentes citadas en el reporte aseguran que el Gobierno colombiano estaría dispuesto a defender legalmente la aplicación de esta estrategia.

Por ahora, la propuesta se encuentra en fase de preparación y podría convertirse en una realidad durante los próximos meses.

Colombia apuesta así por una estrategia de aislamiento extremo para impedir que los grandes capos continúen manejando sus estructuras criminales desde las prisiones.