Fiscalía investiga al alcalde de Machala por un presunto incremento patrimonial injustificado de más de $6 millones

La trayectoria política de Darío Xavier Macas Salvatierra, alcalde de Machala y hasta hace pocos días precandidato a la Prefectura de El Oro, dio un giro inesperado tras quedar en el centro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, entre los años 2019 y 2025, Macas y su esposa habrían registrado un incremento patrimonial no justificado que superaría los $6 millones, motivo por el cual se desarrolla un proceso judicial en su contra.

Macas llegó a la Alcaldía de Machala en las elecciones de 2019, cuando sorprendió al imponerse con la alianza Juntos Haremos Historia, integrada por Unidad Popular y Avanza. En esa ocasión obtuvo 51.620 votos, equivalentes al 32,89 % del electorado.

Su imagen pública estuvo marcada por una historia de superación personal. Según su biografía oficial, estudió en instituciones educativas de Machala, trabajó como taxista y posteriormente obtuvo el título de ingeniero civil en la Universidad Técnica de Machala, proyectándose como un candidato ajeno a la política tradicional.

En 2023 consiguió la reelección como alcalde con el respaldo de la alianza entre PLAN, lista 77, y Revolución Ciudadana, alcanzando aproximadamente el 40,80 % de la votación y asegurando un segundo período al frente del Municipio de Machala.

Posteriormente, Macas inició su precandidatura a la Prefectura de El Oro bajo la estructura política de PLAN 77, aspiración que quedó en suspenso tras el inicio de la investigación penal.

Antes del actual proceso, su administración ya había sido observada por organismos de control. En 2025, un informe de la Contraloría General del Estado señaló un presunto incremento patrimonial superior a $1 millón que no habría sido justificado durante el período 2019-2024, antecedente que posteriormente dio paso a una investigación de mayor alcance.

Actualmente, la Fiscalía y la Policía Nacional continúan con las diligencias del caso, mientras la situación jurídica del alcalde será definida por las autoridades competentes conforme avance el proceso judicial.