Entidades públicas compraron más de 600 mil resmas de papel en seis meses.

Aunque Ecuador lleva varios años impulsando la digitalización de los servicios públicos, el papel continúa teniendo un peso importante en las actividades de las instituciones estatales.

Entre enero y junio de 2026, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) registró 2.435 órdenes de compra de resmas de papel bond, según información recopilada por Primicias. El gasto acumulado alcanzó aproximadamente $2,4 millones, dentro de una categoría que figura entre las más recurrentes de las compras públicas: los suministros de oficina.

El papel bond A4 de 75 gramos, utilizado habitualmente en oficinas y procesos administrativos, tiene actualmente un precio techo de $4,03 por resma de 500 hojas dentro del catálogo electrónico. Con ese valor, el monto gastado representaría un promedio de 616.321 resmas, equivalentes a poco más de 308 millones de hojas.

Sin embargo, la cantidad real podría ser mayor, debido a que los precios disminuyen cuando las instituciones realizan compras de grandes volúmenes.

La Judicatura de Pichincha, entre los mayores compradores

Una de las instituciones que más papel adquirió durante este período fue la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, que mantiene un extenso archivo físico de causas y expedientes judiciales.

En mayo realizó una compra de 47.760 resmas, a un precio unitario de $2,36, por un valor total de $112.713.

Entre las entidades con mayores adquisiciones también aparecen la matriz del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la Fiscalía del Guayas, la Judicatura de Manabí, la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Electrosur, la Universidad de Guayaquil y la Secretaría Técnica de la Amazonía.

La promesa de una administración ‘cero papeles’

El elevado consumo ocurre pese a los esfuerzos del Estado por reducir el uso de documentos físicos.

Herramientas como Quipux, la firma electrónica, la facturación electrónica y la Ley para la Optimización de Trámites Administrativos han permitido avanzar hacia una administración más digital.

Sin embargo, todavía existen instituciones que imprimen buena parte de sus documentos o solicitan a los ciudadanos presentar físicamente información que ya se encuentra disponible de manera digital.

La falta de interoperabilidad entre algunas entidades también contribuye al problema, ya que obliga a funcionarios y ciudadanos a presentar documentos que ya existen en otras instituciones.

La brecha tecnológica entre zonas urbanas y rurales y la resistencia al cambio también dificultan que el objetivo de una administración pública con menor uso de papel se concrete completamente.

El gasto millonario en papel pone nuevamente sobre la mesa el desafío de modernizar los procesos estatales, reducir trámites innecesarios y aprovechar las herramientas digitales para disminuir costos y el uso de documentos físicos.