Colombia pone fin a privilegios de cinco cabecillas y autoriza su extradición a Estados Unidos

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella autorizó el 26 de agosto la extradición a Estados Unidos de cinco cabecillas de grupos armados, una decisión que marca un giro frente a la política de “Paz Total” impulsada por su antecesor, Gustavo Petro.

Los cinco señalados habían participado en distintos procesos, mesas o espacios de diálogo promovidos durante el anterior Gobierno. Sin embargo, sus extradiciones, que ya habían sido concedidas en 2025, permanecían suspendidas debido a su participación en esas negociaciones.

Entre los extraditados se encuentra Geovanny Andrés Rojas, alias “Araña”, uno de los líderes de los Comandos de la Frontera y de la disidencia de las FARC conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Rojas fue declarado objetivo militar por Ecuador debido a su presunta participación en actividades criminales en la zona fronteriza.

También fueron autorizadas las extradiciones de Willinton Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo”, integrante del Estado Mayor de Bloques y Frente; y Carmen Evelio Castillo, alias “Muñeca”, señalado como líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

Los otros dos requeridos son Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”, líder de una disidencia del ELN, y Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, integrante de las ACSN. Estos dos últimos se encuentran prófugos, según la información oficial.

¿Por qué serán extraditados?

Estados Unidos requiere a los cinco por distintos delitos relacionados, según cada caso, con narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y narcoterrorismo.

De la Espriella sostuvo que, tras revisar los expedientes, su Gobierno no encontró aportes verificables ni resultados concretos que justificaran mantener suspendidas las extradiciones en nombre de los procesos de paz.

La decisión representa uno de los primeros golpes políticos del nuevo Gobierno colombiano contra los mecanismos de negociación heredados de la administración de Petro y refuerza una estrategia centrada en perseguir judicialmente a los principales líderes de las organizaciones armadas.

Para Ecuador, el caso de alias “Araña” genera especial interés, debido a que el Gobierno de Daniel Noboa lo incluyó entre los objetivos militares prioritarios en 2024, al considerar que su organización también extendió sus actividades criminales hacia territorio ecuatoriano.