Colombia levanta la suspensión general para el porte de armas con permisos vigentes

Bogotá, Colombia. El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció un cambio en la política de porte de armas de fuego al levantar la suspensión general que se mantenía desde hace años en Colombia.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1368, firmado este 8 de septiembre de 2026, y permite nuevamente que los ciudadanos que cuentan con permisos vigentes puedan portar sus armas, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la legislación colombiana.

La medida alcanza a cerca de 700.000 ciudadanos que poseen permisos, aunque no significa que cualquier persona pueda portar un arma de manera automática.

Los permisos deberán encontrarse vigentes y los ciudadanos deberán cumplir con los requisitos legales, entre ellos las condiciones de aptitud física y mental y las autorizaciones correspondientes. También quedan excluidas las personas que tengan restricciones judiciales, revocaciones o cancelaciones de sus permisos.

Una medida que genera debate

La suspensión general del porte de armas había sido implementada durante el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2015 y posteriormente fue mantenida por sus sucesores, con determinadas excepciones.

De la Espriella justificó el levantamiento de la medida bajo el argumento de que la mayoría de los delitos cometidos con armas de fuego involucran armamento ilegal, por lo que, según su Gobierno, los ciudadanos que cumplen con la ley deben conservar la posibilidad de defenderse.

La decisión representa además el cumplimiento de una de las principales propuestas de campaña del mandatario colombiano, quien ha defendido una política de mayor capacidad de defensa para los ciudadanos y una postura de mano dura frente al crimen organizado.

El Gobierno, sin embargo, mantiene los controles sobre la adquisición y el porte de armas. El levantamiento de la suspensión general no elimina los permisos ni los procedimientos de autorización establecidos por las autoridades militares.

La medida abre ahora un nuevo debate en Colombia sobre el equilibrio entre el derecho a la defensa, el control de armas y las estrategias para enfrentar la violencia y el crimen organizado.