Ana María Raffo asegura que su suspensión en la Asamblea es una represalia política
La asambleísta Ana María Raffo, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), rechazó la sanción de nueve días de suspensión sin remuneración impuesta por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y...
La asambleísta Ana María Raffo, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), rechazó la sanción de nueve días de suspensión sin remuneración impuesta por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y afirmó que la medida constituye una represalia política en su contra.
Según la legisladora, la sanción responde a su actuación en defensa de los agricultores y a las denuncias que ha realizado sobre presuntas vulneraciones al debido proceso dentro del organismo legislativo. Raffo sostiene que durante el trámite disciplinario se excluyeron pruebas de descargo y no se permitió la comparecencia de testigos que, a su criterio, eran fundamentales para esclarecer los hechos.
El caso se originó tras una sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria realizada el 10 de junio de 2026, cuando la asambleísta pronunció la expresión “sinvergüenzas” luego de que la reunión fuera suspendida, dejando sin ser atendidos a varios agricultores que habían acudido a la Asamblea Nacional.
La legisladora oficialista Janina Rizzo presentó una queja administrativa al considerar que la expresión fue ofensiva y dirigida hacia ella. Tras analizar el caso, el CAL concluyó que Raffo incurrió en una falta administrativa grave por emitir una expresión verbal ofensiva, directa e individualizada, motivo por el cual resolvió suspenderla de sus funciones durante nueve días.
No obstante, Raffo sostiene que su expresión fue utilizada en plural como una crítica política general y no estuvo dirigida de manera personal contra ninguna legisladora. Además, aseguró que al momento de pronunciarla, Janina Rizzo ya abandonaba el salón de sesiones, por lo que, según su versión, no existió una alusión directa.
La asambleísta anunció que recurrirá a todas las instancias legales disponibles para impugnar la resolución y reiteró que continuará defendiendo lo que considera los derechos de los sectores productivos del país.
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