Operativos contra la minería ilegal dejan una afectación de USD 1,83 millones a economías ilícitas en Ecuador
Un nuevo golpe contra la minería ilegal se ejecutó en distintas zonas de Ecuador, donde efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron siete operativos simultáneos en las...
Un nuevo golpe contra la minería ilegal se ejecutó en distintas zonas de Ecuador, donde efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron siete operativos simultáneos en las provincias de Azuay, Carchi, Imbabura y Morona Santiago.
Según información difundida este 30 de septiembre de 2026, las intervenciones permitieron desmantelar campamentos, destruir bocaminas, maquinaria e infraestructura utilizada presuntamente para actividades de extracción ilegal de minerales. La afectación económica para las organizaciones involucradas fue estimada en USD 1,83 millones.
Uno de los principales operativos se desarrolló en Urcuquí, Imbabura, específicamente en la Zona Minera Norte. Allí, los militares localizaron un complejo logístico que contaba con maquinaria, infraestructura e insumos relacionados con el procesamiento de material aurífero.
En el lugar fueron encontrados motores, generadores, molinos de piedra, poleas, bandas mecánicas y otros equipos, además de un campamento con capacidad aproximada para 10 personas. La afectación económica estimada en este punto alcanzó los USD 800.000.
En otro sector de Urcuquí, denominado El Verde, se decomisaron sacos con material aurífero, chalecos y otras prendas, con una afectación calculada en USD 20.000.
Mientras tanto, en Puerramal, sector El Chical, cantón Tulcán, provincia del Carchi, fueron destruidos e inhabilitados materiales e infraestructura empleados presuntamente en actividades mineras ilegales. La afectación estimada fue de USD 10.000.
En San Gerardo, cantón Camilo Ponce Enríquez, Azuay, las autoridades localizaron una bocamina, un generador eléctrico, 50 galones de diésel, cuatro carros mineros y una conexión eléctrica. Estos elementos fueron destruidos y la afectación a las economías ilícitas se calculó en USD 22.600.
Las autoridades mantienen operativos contra esta actividad debido a su presunta vinculación con estructuras criminales y al impacto ambiental que genera, especialmente por la deforestación y la contaminación de fuentes de agua durante los procesos de extracción y procesamiento de oro.