Los casos de extorsión pasaron de 1.616 en 2019 a más de 16.000 en 2025

La extorsión registra un fuerte crecimiento en Ecuador durante los últimos años. Según datos de la Fiscalía General del Estado, los reportes de este delito pasaron de 1.616 en 2019 a 16.130 durante 2025, lo que representa un incremento del 898% en ese período.

Los datos forman parte de un estudio difundido este 18 de septiembre de 2026 por el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), como parte del proyecto Crime-Lab II de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. El informe analiza la relación entre distintos esquemas de financiamiento ilícito y las estructuras del crimen organizado en Ecuador.

El documento señala que durante 2025 se registraron 89 reportes de extorsión por cada 100.000 habitantes a escala nacional. Entre las dinámicas identificadas está el uso de la extorsión como mecanismo de presión y control territorial.

El estudio también analiza la relación entre la extorsión, la usura y la captación ilegal de dinero. Según sus hallazgos, en determinados sectores las personas pueden quedar atrapadas entre préstamos informales y posteriores exigencias extorsivas.

Otra de las conclusiones del informe apunta a posibles conexiones entre estos mercados ilícitos y actividades como narcotráfico, tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos. El documento plantea que los recursos obtenidos mediante estas actividades pueden integrarse a estructuras criminales más amplias.

Una problemática que también afecta a los negocios

El informe señala que, principalmente en zonas comerciales e informales, algunos propietarios de negocios son sometidos al pago de las denominadas “vacunas” para poder desarrollar sus actividades.

A esto se suma que algunas personas recurren a créditos informales para mantener sus negocios, generándose una dinámica en la que la necesidad de financiamiento puede coincidir con mecanismos de presión y cobro utilizados por estructuras criminales.

La extorsión también presenta un importante nivel de subregistro, debido al temor de las víctimas a denunciar. Datos del ECU-911, por ejemplo, registraron 3.092 alertas por extorsión entre enero y mayo de 2025, aunque estas llamadas representan únicamente una de las fuentes disponibles para medir el fenómeno.

El estudio plantea además que existen brechas entre el número de delitos reportados y la cantidad de procesos que llegan a resolverse, y propone concentrar esfuerzos en puntos como la captación de recursos, el movimiento de dinero y los mecanismos utilizados para ejecutar los cobros.